Al concluir su segunda visita oficial a Guatemala, la Misión Internacional de Observación de exgobernantes democráticos organizada por el Instituto para el Clima, la Democracia y la Inclusión (CDI) emitió un balance positivo sobre la evolución del contexto político del país en el marco de las elecciones de segundo grado realizadas en el primer semestre, destacando un progreso significativo en comparación con el escenario de incertidumbre vivido durante su primera visita en febrero del presente año. No obstante, la delegación advirtió que la consolidación democrática requiere un trabajo por delante, a través de reformas institucionales urgentes y un respaldo internacional que no debe decaer.
Según compartió Carlos Alvarado Quesada, presidente del
Instituto CDI y expresidente de la República de Costa Rica, se está percibiendo
un progreso innegable y que, con todas las dificultades enfrentadas durante el
proceso, se avanza en la dirección correcta para la consolidación democrática y
del Estado de Derecho, lo cual devuelve una dosis necesaria de optimismo
al pueblo de Guatemala. Sin embargo, esto no significa que las tareas estén
concluidas.
Urgencia de reformas para postulación
Uno de los puntos centrales del diagnóstico de la Misión
es el consenso generalizado entre diversos sectores guatemaltecos sobre la
necesidad de revisar y mejorar el diseño y mejorar el funcionamiento y
mecanismos de operación y rendición de cuentas de las Comisiones de
Postulación. En este sentido, los exgobernantes señalaron la importancia de
evaluar detenidamente las distintas figuras e instancias con incidencia en
estos procesos de elección de segundo grado.
De manera particular, se planteó analizar el rol actual
de la representación universitaria en las postulaciones, en particular los
problemas que todos los sectores señalaron en el accionar de la Universidad San
Carlos (USAC), así como en la injustificada proliferación de nuevas
universidades sin verdadero respaldo académico. Lo anterior, con el objetivo de
salvaguardar el espíritu constitucional y asegurar la máxima idoneidad
académica y ética en los cargos. La Misión sugirió que el marco legal contemple
criterios técnicos y requisitos específicos para las facultades de ciencias
jurídicas y de auditoría.
En el intercambio con diversos sectores de la sociedad
guatemalteca quedó claro que el actual diseño de los sistemas de postulación y
representación ha llevado a un excesivo corporativismo en la integración de
órganos fundamentales, que ha distorsionado significativamente el espíritu
original de las normas constitucionales y legales.
Alivio institucional y descriminalización
La delegación internacional también identificó un
ambiente de "alivio" generalizado, atribuido a una progresiva
disminución de la persecución judicial por motivos políticos y una apertura en
dinámicas respetuosas de un Estado de Derecho por parte del nuevo fiscal general,
Gabriel Estuardo García Luna, lo cual contrasta con la inaceptable situación
que se vivía bajo su antecesora Consuelo Porras, quien fue sancionada por
la comunidad internacional.
Este cambio, se percibe como un paso crucial hacia
procesos judiciales más equilibrados y como una oportunidad para el retorno de
actores que hoy se encuentran en el exilio y para que los casos judiciales
existentes evolucionen de manera apegada a las normas objetivas de un Estado de
Derecho.
La Misión tuvo oportunidad de visitar en la prisión
Mariscal Zavala a líderes indígenas privados de libertad como consecuencia de
las acciones de Porras, como los señores Luis Pacheco y Héctor Chaclán
(ver foto adjunta), y expresó su convicción de que deben respetarse sus
derechos a que los procesos en su contra se manejen a nivel judicial con
estricto apego al Estado de Derecho.
En contraste con los avances en otros ámbitos, se
percibió en los intercambios una preocupación generalizada porque la
integración de la Corte de Constitucionalidad no reflejó los más altos
estándares de idoneidad profesional y personal en la mayoría de los casos.
En el caso del Tribunal Supremo Electoral los sectores
muestran mayor optimismo en que podrá estar a la altura de los desafíos que
tendrá a su cargo en el próximo año electoral, así como en el año 2031, pero
mantienen un cuidadoso escrutinio sobre las señales que envíe a la sociedad en
su accionar venidero.
Fortalecer el diálogo con la sociedad civil
Finalmente, los exgobernantes destacaron la fuerza de la
sociedad civil guatemalteca como un contrapeso democrático extraordinario, y
que ha sido clave para los avances en la consolidación democrática durante
estas elecciones de segundo grado. La Misión rindió un homenaje por su
positiva contribución a los liderazgos ciudadanos y a las autoridades
ancestrales guatemaltecas, cuyo sacrificio y resistencia durante las crisis
pasadas cobran sentido al ver hoy defendida la institucionalidad democrática.
Precisamente por ese papel positivo de las organizaciones
de la sociedad civil, la Misión recomienda la creación de canales permanentes
de comunicación para un diálogo efectivo entre el Estado y la
ciudadanía. "Es importante mantener abiertas las puertas a la
participación de la población en procesos fundamentales para la
salud democrática y para ello es clave construir mecanismos de
diálogo horizontales, verticales y estables", concluyó Alvarado,
recalcando que las fórmulas definitivas de solución corresponden soberanamente
al pueblo de Guatemala.
Los integrantes de la Misión resaltaron de un modo
especial la moderación y buen juicio con el que el presidente de
Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha conducido en un proceso democrático con
muchos desafíos, así como su compromiso con el respeto pleno a las normas del
Estado de Derecho.
Esta Segunda Misión Internacional
de observación liderada por CDI estuvo compuesta por los
expresidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y Miguel Ángel
Rodríguez Echeverría (1998-2002), la expresidenta constitucional y exvicepresidenta
de Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano (2016-2018) y el exvicepresidente de
Colombia, general (R) Óscar Naranjo Trujillo.
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