El Congreso de la República avanzó en la aprobación de reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, conocida como IUSI, mediante la iniciativa 6709, una propuesta que modifica uno de los tributos municipales más discutidos en Guatemala.
Durante la sesión plenaria extraordinaria de este miércoles 29 de julio, los diputados aprobaron la iniciativa en tercer debate con 131 votos a favor y posteriormente entraron a la fase de aprobación por artículos y redacción final.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la enmienda que fija en 0% el pago del IUSI para inmuebles destinados a vivienda. La propuesta recibió 121 votos a favor. En contraste, los inmuebles de uso comercial mantendrían una tasa del 9 por millar.
También se discutió una enmienda que buscaba establecer una tasa del 3 por millar, pero esta no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada.
Qué cambiaría con la reforma
El cambio principal está en diferenciar el tratamiento fiscal entre viviendas e inmuebles comerciales. Para las propiedades destinadas a vivienda, la reforma plantea una tasa de 0%, lo que en la práctica eliminaría el pago del IUSI para ese tipo de inmuebles.
Para los bienes inmuebles de uso comercial, la tasa quedaría en 9 por millar, manteniendo una carga tributaria para propiedades con fines productivos, empresariales o comerciales.
La discusión legislativa representa un cambio importante frente al esquema vigente del IUSI, que actualmente establece tasas escalonadas de acuerdo con el valor inscrito del inmueble. Bajo la ley actual, los inmuebles con valor de hasta Q2,000 están exentos; de Q2,000.01 a Q20,000 pagan 2 por millar; de Q20,000.01 a Q70,000 pagan 6 por millar; y de Q70,000.01 en adelante pagan 9 por millar.
Un impuesto ligado a las municipalidades
El IUSI es un impuesto anual sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional. Su recaudación está vinculada al financiamiento municipal y al desarrollo local.
La ley vigente establece que los recursos provenientes de este impuesto deben destinarse principalmente a servicios básicos y obras de infraestructura de interés colectivo. Como mínimo, el 70% de lo recaudado debe utilizarse para inversión, mientras que hasta el 30% puede destinarse a gastos administrativos de funcionamiento.
Por esa razón, la reforma ha generado un debate amplio. Para algunos sectores, eliminar el IUSI para viviendas representa un alivio económico directo para propietarios y familias. Para otros, podría reducir ingresos municipales importantes para obras, mantenimiento urbano, agua, drenajes, calles, alumbrado y otros servicios locales.
Posturas divididas en el Congreso
La discusión dejó ver posiciones encontradas entre distintas bancadas.
Los diputados que respaldan la eliminación del IUSI para viviendas argumentan que muchas familias continúan pagando un impuesto anual incluso después de haber terminado de adquirir su casa. Desde esa postura, la reforma responde a una demanda ciudadana y busca reducir la carga fiscal sobre la propiedad habitacional.
Otros legisladores advirtieron que una eliminación amplia podría afectar la capacidad financiera de las municipalidades. La preocupación principal es que, al reducirse una fuente de ingresos propios, algunas comunas podrían compensar esa pérdida mediante aumentos en otros cobros locales, como tasas por servicios, ornato, basura, agua o trámites municipales.
También surgieron posturas intermedias. Algunos diputados defendieron que la reducción debía aplicarse únicamente a viviendas y no a inmuebles comerciales, industriales, hoteles, centros comerciales u otras propiedades de mayor escala económica. Desde esa visión, una rebaja generalizada podría beneficiar a grandes propietarios y no necesariamente a las familias que necesitan alivio fiscal.
El debate de fondo: alivio fiscal o financiamiento local
La reforma al IUSI coloca sobre la mesa una discusión más amplia sobre cómo equilibrar el alivio tributario para los ciudadanos con la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales.
El argumento a favor de la medida se centra en el impacto directo sobre los propietarios de vivienda. En un contexto de alto costo de vida, acceso limitado a vivienda formal y presión sobre los ingresos familiares, la eliminación del impuesto para casas y apartamentos puede ser vista como una reducción concreta de obligaciones para miles de contribuyentes.
El argumento crítico se enfoca en la operación municipal. El IUSI forma parte de los ingresos propios que muchas municipalidades utilizan para financiar proyectos y servicios. Si esos fondos disminuyen sin una fuente de compensación clara, podrían verse afectadas inversiones locales o incrementarse otros cobros a los vecinos.
En 2025, el IUSI representó una fuente relevante para varias comunas del país, aunque su recaudación no es uniforme. La mayor concentración se encuentra en municipios urbanos y con mayor valor inmobiliario, especialmente en el departamento de Guatemala.
Qué falta para que entre en vigencia
Aunque la reforma avanzó en el Congreso, todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en norma vigente y aplicable.
Esto implica que el decreto aprobado en redacción final debe seguir el trámite formal correspondiente, incluyendo su remisión al Ejecutivo, sanción, promulgación y publicación oficial, salvo que se presenten acciones legales o vetos dentro del proceso.
Mientras eso no ocurra, los contribuyentes deben tomar en cuenta que el marco vigente del IUSI continúa aplicándose conforme a la ley actual y a las disposiciones de cada municipalidad o entidad recaudadora.
Una reforma con impacto nacional
La discusión sobre el IUSI no se limita al pago de un impuesto. También abre preguntas sobre el modelo de financiamiento municipal, la equidad tributaria, el acceso a vivienda, la calidad de los servicios locales y la forma en que se distribuyen las cargas fiscales entre hogares, comercios y grandes propiedades.
Si la reforma queda firme, el impacto será distinto según cada municipio. En algunos lugares, donde la recaudación del IUSI es baja o inexistente, el efecto podría ser limitado. En municipios con fuerte actividad inmobiliaria, comercial y residencial, el cambio podría tener consecuencias más visibles en los ingresos locales.
Por ahora, el Congreso avanza con una de las reformas tributarias más sensibles del año: una medida que ofrece alivio para propietarios de vivienda, pero que también obliga a revisar cómo se financiarán los servicios y obras municipales en el futuro.
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